El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocó una junta de portavoces esta mañana para informar a los grupos políticos municipales de la situación de impagos que se está produciendo en el área económica del Ayuntamiento. Una «paralización» en los pagos que se produce a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con 75 millones de euros de saldo disponible, fondos suficientes para hacer frente a todas las obligaciones pendientes.
Según explicó el regidor, una de las causas, la más frecuente de hecho, se debe a que el departamento de Intervención «notifica que no fiscaliza algunas facturas y eso impide automáticamente continuar su tramitación» para proceder a su pago.
Detalla el alcalde que esta situación «está afectando a facturas tramitadas de forma ordinaria, avaladas por los respectivos departamentos, contratadas de forma totalmente regular por servicios prestados al Ayuntamiento y que deben ser pagadas».
Con todo, muchos pagos no se pueden realizar, no por falta de crédito —ya que el Ayuntamiento tiene los fondos disponibles en el banco—, sino porque en muchas facturas existe una omisión de fiscalización, sea negativa o positiva, lo que impide que las facturas avancen en el trámite y sean finalmente abonadas.
Ante este escenario, el Ayuntamiento está dando parte de la situación a la Xunta de Galicia, que es quien tiene que evaluar las actuaciones del departamento de Intervención.
Por otra parte, indicó que a todos los proveedores se les está informando de sus derechos para cobrar las facturas pendientes. Entre estos, se encuentra el de acudir al juzgado a solicitar medidas cautelarísimas de acuerdo con el artículo 199 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El alcalde dejó claro que su deber es «velar por que los proveedores cobren» y que, «si una de las causas es que un departamento no fiscaliza las facturas, el gobierno municipal tiene que buscar formas legales para que los proveedores cobren».
Finalmente, el regidor avanzó que valora estudiar las vías legales para proteger los intereses municipales ante las consecuencias económicas de esta situación, tales como el pago de intereses de demora o costas judiciales.
El alcalde entiende que no solo tiene el derecho de informar de todo esto, sino que es su obligación.
