La Audiencia Provincial de Pontevedra condena a 14 personas a penas que oscilan entre los diez meses y los dos años y medio de cárcel por colaborar para legalizar embarcaciones con documentación falsa. En concreto, las considera autoras de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, en concepto de cooperadoras necesarias.
El tribunal declara en el fallo la extinción de la responsabilidad penal del principal investigado debido a su fallecimiento. En la sentencia, entiende probado que el fallecido administraba una sociedad dedicada a la construcción de embarcaciones, la cual contaba con un astillero en Bueu.
Según el fallo, por lo menos desde 2013 y hasta 2021, «se dedicó a emitir declaraciones de conformidad de embarcaciones que simulaba construir, pero que en realidad elaboraba a cambio de precio, en unos casos a personas que, siendo titulares de una embarcación matriculada en la 3ª lista, reservada a embarcaciones de pesca, pretendían tener además una matriculación en la 7ª lista, como embarcaciones de recreo, y, en otros casos, a personas que, siendo titulares de embarcaciones, carecían de documentación que las habilitara para la navegación».
«En todos estos supuestos se trataba de embarcaciones que no habían sido construidas en el astillero y que carecían de una documentación legal», subraya la Sala, quien indica en la sentencia que «no existen indicios suficientes que permitan afirmar que las personas que obtenían la matriculación de sus embarcaciones de esta forma supieran en todos los casos que el administrador no estaba habilitado para documentar embarcaciones que no había construido».
La Sala asegura que, por lo menos entre los años 2016 la 2020, «varias personas que eran profesionales del sector de la náutica, o que se dedicaban de forma habitual a la compraventa de embarcaciones, solicitaron y obtuvieron a través del administrador la inscripción y matriculación de embarcaciones que carecían de documentos y que luego entregaban a sus clientes, a pesar de ser conscientes de la ilegalidad del procedimiento».
Todos ellos, según recalcan los magistrados, «eran conocedores de que el administrador del astillero elaboraba una factura donde simulaba una venta inexistente de la embarcación por parte del astillero al cliente y una declaración de conformidad con la normativa europea, a pesar de no construirla y ni siquiera examinarla». A ello, añade que, «aun así, solicitaron los referidos documentos, facilitando al administrador los datos de sus clientes, los de sus embarcaciones y una fotocopia compulsada del DNI; y el administrador, a cambio de precio, elaboraba los falaces documentos que presentaba en la Capitanía de Vilagarcía de Arousa para conseguir la inscripción y matriculación de las embarcaciones».
El tribunal absuelve a dos personas contra las que se retiró la acusación como cómplices de un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público. Por el mismo delito, a cada uno de nueve de los acusados, la Sala le impone un año y dos meses de prisión; mientras que a otros dos sospechosos los condena a diez meses de cárcel.
Además, la Sala condena a otras tres personas -como autoras del mismo delito-, a cada una de las cuales le impone, respectivamente, un año y medio de prisión; dos años y medio de cárcel; y dos años y tres meses de prisión.
