A Coruña recibirá 7,3 millones de euros para impulsar la vivienda asequible, una financiación que ha reavivado el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia. La alcaldesa, Inés Rey, reclama que el Concello gestione directamente los fondos, mientras que el dinero se transferirá al Gobierno gallego.
A Coruña recibirá 7,3 millones y Santiago, otros 2,9 millones
Galicia contará con 10,2 millones de euros para impulsar actuaciones relacionadas con la vivienda en las dos ciudades declaradas zonas de mercado residencial tensionado. Del total previsto, 7,3 millones corresponden a A Coruña y 2,9 millones a Santiago de Compostela.
La financiación busca contribuir a mejorar el acceso a la vivienda y ampliar la oferta residencial en dos ciudades donde el mercado inmobiliario se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población.
Sin embargo, además de la cuantía de las ayudas, la discusión política se centra ahora en quién decidirá cómo se utiliza el dinero y qué proyectos se financiarán.
Inés Rey exige que el Concello gestione los fondos
La alcaldesa de A Coruña defiende que los recursos destinados a la ciudad deberían administrarse directamente desde el Ayuntamiento. Inés Rey considera que la Administración local conoce las necesidades residenciales de sus vecinos y puede orientar las inversiones hacia las actuaciones más urgentes.
La regidora también ha puesto el foco en la demanda de vivienda pública en la ciudad, donde, según las cifras municipales difundidas, hay más de 7.300 personas inscritas como demandantes.
El Ayuntamiento reclama que la financiación se traduzca en medidas concretas para facilitar el acceso a una vivienda, especialmente para quienes tienen dificultades para asumir los precios del mercado inmobiliario.
Por su parte, la Xunta defiende su papel en la gestión de las políticas de vivienda y sostiene que los recursos se destinarán a impulsar vivienda pública en las ciudades beneficiarias.
¿En qué se pueden invertir los 7,3 millones?
La financiación para vivienda puede respaldar diferentes actuaciones dirigidas a mejorar la oferta residencial y facilitar el acceso a un hogar. Entre las líneas de actuación que pueden resultar relevantes figuran:
-
Vivienda pública: impulsar nuevas promociones destinadas al alquiler asequible.
-
Rehabilitación de inmuebles: recuperar viviendas para incorporarlas al mercado residencial.
-
Adquisición de suelo: facilitar futuros proyectos de construcción de vivienda.
-
Ampliación de la oferta residencial: promover soluciones que ayuden a responder a la demanda existente.
El alcance real de la inversión dependerá de los proyectos que se aprueben, los plazos de ejecución y el número de viviendas que finalmente puedan ponerse a disposición de la ciudadanía.
La gestión del dinero, el siguiente punto de conflicto
La controversia enfrenta dos posiciones sobre la administración de los recursos públicos. Mientras el Ayuntamiento de A Coruña reclama gestionar directamente su parte de la financiación, la Xunta defiende su papel en la planificación y ejecución de las políticas autonómicas de vivienda.
Para las personas que buscan un alquiler asequible o una vivienda pública, la cuestión fundamental será cuándo se pondrán en marcha las actuaciones, cuántos inmuebles permitirán habilitar y qué impacto tendrán sobre el mercado residencial coruñés.
Los 7,3 millones representan una nueva oportunidad para impulsar medidas de vivienda en A Coruña, pero el resultado dependerá de cómo se concrete el reparto, qué proyectos se prioricen y cuándo comiencen a ejecutarse.
