El Consejo de Ministros, en una reunión extraordinaria,
ha aprobado hoy un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes
en respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio, con 80 medidas para
amortiguar de forma inmediata el impacto sobre hogares y empresas y acelerar
la electrificación y el despliegue renovable para reducir la dependencia fósil de
forma estructural.
En rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Real Decreto-ley
entrará en vigor mañana y superará los 5.000 millones de euros, beneficiando a
los tres millones de empresas y los 20 millones de hogares del país. Las medidas
“no impedirán que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero al
menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos”, ha señalado.
Por tanto, el presidente remarcó, que además del coste en vidas que tiene la
guerra, estos primeros meses de conflicto “a los españoles y españolas nos va
a costar 5.000 millones de euros, que podíamos estar destinando a becas, a
sanidad o a dependencia”. En este sentido, ha señalado que “los responsables
políticos que se ponen de perfil y no muestran su rechazo claro a esta guerra
tienen que explicar que los españoles vamos a tener que poner 5.000 millones
de euros con nuestros impuestos para proteger al tejido productivo y a las
personas más vulnerables”.
“España, el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE”
Sánchez ha subrayado que cuando mañana entren en vigor estas medidas
“España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de
toda la UE” en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos. Asimismo, ha
avanzado que las medidas “estarán vigentes el tiempo que sea necesario, y si
las circunstancias lo requieren porque la gravedad de la crisis se acentúa, las
ampliaremos, porque no es un plan cerrado”. “Si se necesita poner más recursos
económicos por parte de la administración general del Estado, se pondrán”,
sentenció.
Ante un horizonte mundial “cargado de incertidumbres” a consecuencia de esta
guerra, Pedro Sánchez ha subrayado que “los españoles pueden tener tres
certezas”. La primera es que “nuestro país está mejor preparado para hacer
frente a esta crisis”; la segunda, que el Gobierno “va a movilizar todos los
recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a las pymes, a
nuestro sector primario y a la industria española” y, finalmente, que de esta crisis
“vamos a salir más fuertes”, como hemos salido en anteriores.
Con todo, havuelto a exigir “el cese inmediato del conflicto” en Oriente Medio, “que se respete
el derecho internacional” y ha vuelto a defender un ““No a la guerra”, que ya no
es solamente el grito de España, sino un clamor cargado de orgullo y de verdad
que está haciendo suyo el mundo entero”.
El presidente del Gobierno ha explicado que el Plan Integral de respuesta incluye
dos grandes ejes: un primero de carácter coyuntural para “levantar un escudo
social para proteger a los hogares y sectores económicos más expuestos” y un
segundo de naturaleza más estructural y estratégica, con medidas orientadas a
impulsar la soberanía energética y convertir a España “en un país cada vez más
resiliente ante crisis externas”.
Para complementar todas estas medidas, el
Consejo de Ministros ha aprobado un segundo Real decreto-ley que establece
una congelación temporal de los precios el alquiler, similar al aplicado por el
Ejecutivo en crisis previas para dar respuesta a la emergencia habitacional y que
se negociará con los grupos parlamentarios.
Medidas fiscales: rebaja en los impuestos de los combustibles y en la
factura de la luz
En cuanto a las medidas coyunturales, ha detallado que se pone en marcha una
“reducción drástica” de la fiscalidad energética, bajando los impuestos sobre la
electricidad hasta en un 60%. En concreto, el Real Decreto-ley recoge la
reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas
natural, briquetas y ‘pellets’, al tiempo que se congela el precio máximo de venta
del butano y el propano. Se baja el IVA al 10%, y los impuestos que afectan al
precio de la gasolina y el gasoil hasta el mínimo que permite la directiva europea,
lo que se traducirá en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en
función del carburante, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche
medio, ha precisado.
Concretamente, la norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del
impuesto de hidrocarburos y, para los sectores más afectados, incluyendo
transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se establece una ayuda de
20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad. La
ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales
correspondientes en País Vasco y Navarra.
A ello se suma una ayuda
equivalente para la compra de fertilizantes con el fin de que “esos sectores tan
importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios
de la cesta de la compra”, ha apuntado.
