¿Adiós a las máquinas de vending de los hospitales? El nuevo decreto amenaza 2.000 empleos

El sector de la venta automática alerta de que el decreto de alimentación saludable del Gobierno podría poner en riesgo 2.000 puestos de trabajo y reducir en 18 millones de euros anuales los ingresos de hospitales y centros públicos. ANEDA reclama cambios antes de su aprobación y advierte de que algunas máquinas podrían quedarse vacías o desaparecer.

Las máquinas expendedoras de hospitales, residencias y otros centros públicos podrían afrontar importantes cambios si sale adelante el nuevo decreto de alimentación saludable impulsado por el Gobierno. La norma pretende modificar los productos que se pueden vender en estos establecimientos, pero la patronal del sector advierte de que su aplicación podría tener consecuencias económicas y afectar a un servicio que funciona durante las 24 horas del día.

La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) ha pedido al Ejecutivo que revise el proyecto antes de aprobarlo. Según sus estimaciones, las nuevas restricciones podrían poner en riesgo alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos y reducir en unos 18 millones de euros anuales los ingresos que reciben hospitales y centros públicos mediante los cánones de explotación.

La organización asegura que comparte el objetivo de fomentar una alimentación más saludable, pero considera que el texto actual no tiene suficientemente en cuenta las características de la venta automática ni la situación de los pequeños operadores.

¿Qué quiere cambiar el Gobierno en las máquinas de vending?

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la composición de los productos que podrán ofrecer las máquinas expendedoras en centros públicos y sociosanitarios.

El texto sometido a información pública establecía que el 80 % del espacio de cada máquina debía reservarse a una lista determinada de productos, mientras que el 20 % restante también tendría que cumplir determinados criterios nutricionales.

Esto supondría limitar considerablemente la variedad de alimentos y bebidas disponibles.

ANEDA considera que este modelo reduce demasiado la capacidad de adaptar la oferta a las necesidades de cada centro, especialmente en instalaciones donde las máquinas representan el único punto de venta de comida y bebida durante determinadas horas.

Hospitales y residencias podrían perder un servicio durante la noche

Uno de los argumentos de la patronal es que las máquinas expendedoras cumplen una función que va más allá de la venta de productos.

En numerosos hospitales y residencias son una alternativa para trabajadores sanitarios, familiares y visitantes cuando las cafeterías permanecen cerradas, especialmente durante la noche, los fines de semana y los días festivos.

ANEDA recuerda que la venta automática fue considerada una actividad esencial durante el estado de alarma de la pandemia de COVID-19.

La asociación advierte de que unas restricciones difíciles de aplicar podrían provocar que algunas máquinas reduzcan su oferta, dejen de funcionar o desaparezcan de determinadas instalaciones.

18 millones de euros menos para hospitales y centros públicos

El impacto económico es otro de los principales argumentos de la organización.

Según las estimaciones de ANEDA, la venta automática en centros públicos genera alrededor de 60 millones de euros anuales en cánones.

La aplicación estricta del proyecto podría reducir esa cantidad en unos 18 millones de euros cada año. De ellos, aproximadamente ocho millones corresponderían a hospitales y centros sanitarios y sociosanitarios.

La patronal también calcula que podrían quedar comprometidos unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Estas cifras corresponden a estimaciones del propio sector y no a un impacto económico confirmado por la Administración.

Los pequeños negocios de vending, entre los más afectados

ANEDA pone especial atención en los autónomos y pequeñas empresas que gestionan máquinas expendedoras en hospitales, residencias y otras instalaciones públicas.

La adaptación podría exigir cambios en los equipos, modificaciones en los sistemas de refrigeración, nuevos mecanismos de dispensación y una mayor frecuencia de reposición.

Para las empresas con menor capacidad financiera, estas inversiones podrían resultar especialmente difíciles de asumir.

La asociación reclama que el Gobierno incorpore una memoria económica que permita conocer el impacto real de las nuevas exigencias sobre los operadores de menor tamaño.

El decreto también podría aumentar el desperdicio alimentario

Otro de los problemas que señala el sector es la posible obligación de incorporar más productos frescos y de corta caducidad.

En máquinas situadas en centros con poca demanda, estos alimentos podrían generar más pérdidas si no se venden antes de su fecha de caducidad.

La necesidad de reponerlos con mayor frecuencia también elevaría los costes logísticos y operativos.

ANEDA considera que esta situación podría entrar en contradicción con los objetivos de reducción del desperdicio alimentario y provocar que determinados puntos de venta dejen de resultar rentables.

ANEDA pide ampliar a 24 meses el plazo de adaptación

La asociación ha trasladado propuestas técnicas a varios ministerios para modificar el proyecto sin renunciar a los objetivos de alimentación saludable.

Entre sus principales peticiones figuran:

• Ampliar de 12 a 24 meses el periodo de adaptación de las máquinas.

• Proteger los contratos que ya están en vigor.

• Permitir que las nuevas exigencias puedan cumplirse utilizando el parque actual de máquinas.

• Evaluar el impacto económico sobre autónomos y pequeñas empresas.

• Revisar los aspectos jurídicos del proyecto antes de su aprobación.

ANEDA también cuestiona el régimen sancionador previsto y advierte de posibles problemas relacionados con la legislación alimentaria y la normativa europea.

Un sector con más de 390.000 máquinas en España

La dimensión de la actividad ayuda a entender el alcance del debate.

Según ANEDA, el sector español de la venta automática cuenta con más de 390.000 máquinas y genera una facturación anual superior a los 1.775 millones de euros.

La patronal insiste en que está dispuesta a adaptar progresivamente la oferta de alimentos y bebidas, pero reclama que los cambios sean técnicamente viables y no comprometan la continuidad del servicio.

La decisión del Gobierno sobre el nuevo decreto marcará el futuro de las máquinas expendedoras en hospitales, residencias y otros centros públicos.