La Xunta prepara una reforma de la normativa educativa que contempla multas de hasta 15.000 euros por agresiones al profesorado y medidas como el cambio de centro por acoso escolar o ciberacoso. Los cambios se incorporarán a la ley de acompañamiento de los presupuestos de Galicia para 2027.
Galicia prepara un endurecimiento de las medidas contra las agresiones al profesorado y las conductas más graves en los centros educativos. La Xunta ha anunciado una reforma de la normativa de convivencia que contempla sanciones económicas de hasta 15.000 euros por agredir a un docente, además de nuevas medidas disciplinarias frente al acoso escolar, el ciberacoso y otras formas de violencia.
La iniciativa, presentada por el Gobierno gallego el 13 de octubre de 2026, pretende reforzar la protección de los profesionales de la enseñanza y actualizar las herramientas para actuar ante los conflictos en las aulas. El nuevo régimen sancionador prevé multas desde los 300 euros para las infracciones leves hasta los 15.000 euros para las muy graves, con consecuencias que dependerán de la naturaleza y gravedad de los hechos.
¿Quién tendrá que pagar multas de hasta 15.000 euros en Galicia?
El nuevo régimen administrativo anunciado por la Xunta contempla sanciones económicas cuando se produzcan agresiones contra docentes de centros públicos. La medida se dirige a reforzar la protección del profesorado frente a actuaciones de alumnos, familiares o responsables legales que puedan constituir una infracción.
Las sanciones se graduarán según la gravedad de los hechos. El esquema anunciado establece multas de entre 300 y 15.000 euros y será compatible con las posibles responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse de una agresión.
Además, durante la tramitación de los procedimientos podrán adoptarse medidas provisionales de protección, como limitar temporalmente el acceso al centro educativo o la participación en determinadas actividades escolares y canales de comunicación con el docente afectado.
Expulsión y cambio de centro por acoso escolar o ciberacoso
La reforma no se limita a las sanciones económicas. La Xunta también quiere reforzar las consecuencias para el alumnado que cometa infracciones especialmente graves, entre ellas las situaciones de acoso y ciberacoso.
Entre las medidas previstas figuran la suspensión de la asistencia al centro durante periodos más prolongados, el cambio definitivo de grupo y, en los casos de acoso o ciberacoso, el cambio de centro con carácter general en las enseñanzas obligatorias.
En otras enseñanzas, la reforma contempla la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el mismo centro. También abre la posibilidad de impedir una nueva matrícula en ese colegio o instituto en los supuestos previstos por la normativa.
El objetivo es que las actuaciones que vulneren gravemente la integridad, la dignidad o los derechos de otros miembros de la comunidad educativa tengan consecuencias proporcionales a su gravedad.
Las faltas leves y graves también tendrán nuevas consecuencias
Otro de los cambios anunciados consiste en clasificar las conductas contrarias a la convivencia en tres categorías: leves, graves y muy graves. La regulación actual diferencia dos niveles, por lo que la nueva clasificación pretende precisar mejor la respuesta educativa y disciplinaria.
Entre las conductas que recibirán especial atención figuran las agresiones, las amenazas, las coacciones, las humillaciones graves, los actos de odio, la violencia de género y sexual y la difusión de contenidos que vulneren la intimidad, el honor o la propia imagen.
La reforma también aborda los contenidos creados o manipulados mediante inteligencia artificial cuando puedan vulnerar gravemente esos derechos.
Asimismo, la reiteración de infracciones podrá agravar su consideración: acumular correcciones firmes por faltas leves o graves podrá influir en la clasificación de una nueva conducta, en los términos que establezca la normativa.
Una nueva Oficina de Apoyo al Profesorado
La Xunta prevé acompañar la reforma con una Oficina de Apoio ao Profesorado, destinada a ofrecer asesoramiento jurídico y apoyo a los docentes que sufran agresiones u otras situaciones graves de violencia.
Este servicio también permitirá estudiar las actuaciones que procedan en cada caso, incluida la posibilidad de trasladar los hechos a la Justicia cuando corresponda.
La iniciativa pretende que los profesores dispongan de herramientas de apoyo más allá de los mecanismos disciplinarios de cada centro, especialmente en los episodios que requieran protección específica o actuaciones legales.
¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas sanciones en Galicia?
Los cambios anunciados por el Gobierno gallego se incorporarán a la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañará a los presupuestos autonómicos de 2027. La reforma actualizará tanto la ley gallega de convivencia y participación de la comunidad educativa como su desarrollo normativo.
Por tanto, las multas de hasta 15.000 euros y las nuevas medidas disciplinarias forman parte de una reforma anunciada, cuyo alcance definitivo y aplicación dependerán de la tramitación legislativa y de la entrada en vigor de las disposiciones correspondientes.
La iniciativa abre una nueva etapa en la regulación de la convivencia escolar en Galicia, con especial atención a la protección del profesorado, la prevención de la violencia y la responsabilidad ante las conductas que perjudiquen gravemente a la comunidad educativa.
