El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Consello aprobó el proyecto de la Ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital de Galicia, «la primera de toda España en este ámbito». El objetivo es afrontar las nuevas formas de violencia surgidas de la expansión de los usos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como internet o las redes sociales. «Uno de los peligros es una nueva cara de la violencia de género: la violencia digital», indicó.
La Xunta inició el pasado mes de septiembre la tramitación de este proyecto abriéndolo a consulta pública para que las entidades y la ciudadanía interesada presentaran sus aportaciones. Una vez finalizada esta fase de consulta y tras analizar las sugerencias recibidas, el Consello dio luz verde al proyecto, que ahora se remite al Parlamento de Galicia para comenzar su tramitación cuando comience el nuevo período de sesiones. «La previsión es que la ley esté aprobada este mismo año 2026 para dar respuesta a una forma de violencia de género, la violencia digital, cada vez más habitual», indicó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.
En esta línea, recordó que se admitieron varias alegaciones presentadas por nueve entidades «para reforzar la protección de las víctimas con discapacidad y las personas trans» así como adaptar cuestiones técnicas de la normativa.
El proyecto está compuesto de cuatro títulos, 26 artículos, dos disposiciones adicionales y otras dos últimas. En cuanto a los objetivos que persigue son, fundamentalmente, cuatro: establecer los principios rectores de actuación en el ámbito de la comunidad autónoma en materia de acoso y violencia digital; regular medidas de sensibilización, prevención y detección; promover la formación de personal de la Xunta, del sector público y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y, por último, establecer medidas de protección y apoyo a las víctimas.
Medidas
En este sentido, las principales medidas que prevé este marco jurídico son, en el campo educativo: la inclusión obligatoria de contenidos formativos en competencia digital en los currículos de todas las etapas educativas no universitarias y la aprobación de un Plan integral contra el acoso escolar y el ciberacoso.
La ley también recoge la necesidad de promover acuerdos con personas y empresas que ofrecen servicios a través de internet (plataformas y redes sociales) con dos finalidades: elaborar y aplicar medidas de sensibilización y de prevención; así como establecer criterios y mecanismos ágiles y urgentes de denuncia y retirada de contenidos relacionados con el acoso y la violencia digital.
Otra medida que fija la norma, tal y como explicó la conselleira, es la puesta en funcionamiento «de un servicio gratuito de borrado de la huella digital» para suprimir material digital que continúe accesible en red y que se empleó como instrumento de acoso o violencia. La eliminación de este material requerirá de resolución judicial expresa.
Además, la normativa fija la creación de un servicio gratuito de asesoramiento en el que las víctimas recibirán apoyo técnico e información para prevenir nuevos ataques o supuestos de violencia digital. En esta misma línea, se articularán medidas para facilitar el acceso de las víctimas a la información, orientación y apoyo jurídico; y se elaborará una guía informativa sobre derechos de las víctimas, que incluirá pautas básicas de seguridad informática y recomendaciones para salvaguardar evidencias digitales que puedan ser constitutivas de delito.
Combatir la violencia y apoyar las víctimas
Esta nueva ley reafirma el compromiso de la Xunta en la lucha contra todas las formas de maltratos a las mujeres, así como con su protección y apoyo. El presidente recordó que Galicia es un referente en este campo al ser «la primera comunidad en tener una ley específica en esta materia», que actualizamos para incluir nuevos tipos de violencia como la sexual o la vicaria.
Además, la comunidad también fue pionera en ofrecer una prestación económica anual para todas las víctimas y cuenta con una extensa red de casas de acogida, que ampliará con un nuevo centro en Santiago de Compostela especializado para mujeres víctimas con problemas de adicciones.
Asimismo, a estos programas y servicios se añade una extensa red de Centros de Información a la Mujer (CIM), con 84 recursos que dan cobertura a más de 200 ayuntamientos y que viene de ser reforzada con la puesta en marcha de cuatro unidades móviles para acercar estos servicios a municipios rurales y a los campus universitarios.
