La transferencia de la AP-9 a Galicia entra en una nueva fase justo cuando el adelanto electoral del 29 de noviembre amenaza con ralentizar las negociaciones. La gran pregunta ya no es quién gestionará la autopista, sino cuánto costará y qué puede ocurrir con los peajes.
La AP-9 vuelve a ocupar el centro del debate político gallego. Este lunes, 5 de octubre, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Xunta para iniciar las negociaciones destinadas a resolver las discrepancias sobre la transferencia de la autopista a Galicia.
El movimiento llega, además, el mismo día en que se ha anunciado el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, una circunstancia que puede condicionar los próximos pasos de una transferencia que Galicia lleva reclamando desde hace años.
La pregunta que se hacen miles de conductores: ¿qué ocurrirá con los peajes?
La Ley Orgánica 3/2026 establece el marco para transferir a Galicia la titularidad de la AP-9 y las competencias relacionadas con su concesión.
Y hay un punto especialmente importante para los conductores: entre las competencias que deberán concretarse en el futuro acuerdo están las relativas al establecimiento, actualización y supresión de tarifas y peajes, además de los programas de descuentos.
Es decir, Galicia podrá tener capacidad para intervenir sobre el régimen económico de la autopista, pero el traspaso no significa automáticamente que los peajes vayan a desaparecer.
Ese es uno de los aspectos que más interés puede despertar entre los usuarios de la autopista.
¿Puede Galicia eliminar los peajes?
No de forma automática.
La ley establece que el futuro acuerdo de transferencia tendrá que determinar las condiciones económicas y financieras del traspaso.
Además, el Estado conservará determinadas obligaciones económicas relacionadas con decisiones adoptadas antes de que la transferencia sea efectiva, mientras que Galicia asumirá las consecuencias económicas de las modificaciones que impulse una vez que tenga las competencias.
Por eso, una de las grandes batallas de la negociación será determinar qué costes corresponden al Estado y cuáles tendría que asumir la Xunta.
La Xunta no quiere asumir una factura millonaria
El Gobierno gallego lleva meses advirtiendo de que no está dispuesto a aceptar una transferencia que suponga cargar sobre las cuentas autonómicas los costes derivados de decisiones adoptadas anteriormente.
La Xunta ha situado la cifra de referencia en torno a los 4.000 millones de euros asociados a diferentes obligaciones, bonificaciones y compensaciones vinculadas a la concesión.
Por eso, el traspaso de la AP-9 puede parecer una cuestión administrativa, pero en realidad es también una enorme operación económica.
¿Qué cambia para un conductor de Vigo, A Coruña, Santiago o Pontevedra?
De momento, nada de forma inmediata.
La AP-9 continúa funcionando con el actual régimen de concesión y sus peajes.
La transferencia tendrá que concretarse mediante un acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias y posteriormente mediante el correspondiente Real Decreto.
Pero si finalmente Galicia asume las competencias, el escenario podría cambiar a medio plazo.
Entre las cuestiones que estarán sobre la mesa estarán:
- El futuro de los peajes.
- Las tarifas que pagan los conductores.
- Las bonificaciones.
- El coste de mantenimiento de la autopista.
- Las obligaciones económicas de la concesión.
- Las inversiones futuras.
- Las condiciones de la concesión de Audasa.
Una autopista que conecta a cinco de las siete ciudades gallegas
La importancia de la AP-9 explica por qué la transferencia tiene tanta trascendencia.
La propia ley la define como una infraestructura vertebral para Galicia y recuerda que conecta cinco de las siete ciudades gallegas.
A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo están directamente vinculadas a esta infraestructura, además de buena parte del área metropolitana y de las localidades situadas a lo largo del eje atlántico.
Por eso, cualquier cambio en sus tarifas o en su modelo de explotación tendría consecuencias directas para miles de desplazamientos diarios.
El adelanto electoral complica el calendario
El acuerdo publicado este lunes crea un grupo de trabajo encargado de buscar una solución a las discrepancias entre ambas administraciones.
Sin embargo, la convocatoria electoral introduce incertidumbre sobre los tiempos políticos.
Alfonso Rueda ha defendido que el proceso debe continuar pese a las limitaciones provocadas por el adelanto electoral.
La transferencia, por tanto, ya no está simplemente pendiente de una ley: la ley existe, pero quedan por cerrar las condiciones económicas y prácticas que determinarán cómo se produce realmente el traspaso.
La gran incógnita: cuánto pagaremos por utilizar la AP-9
La AP-9 entra así en una nueva etapa.
El debate ya no consiste únicamente en decidir si Galicia debe tener la titularidad de la autopista. Ahora la cuestión fundamental es en qué condiciones se producirá esa transferencia y quién asumirá la factura.
Y para los conductores gallegos hay una pregunta que seguirá encima de la mesa:
¿La futura AP-9 gallega será más barata para quienes la utilizan todos los días o los peajes continuarán siendo una de las grandes cargas económicas de la movilidad en Galicia?
La respuesta dependerá de la negociación entre la Xunta y el Estado y de las decisiones que se adopten sobre el régimen económico de la concesión.
