El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado hoy que la reforma de la Proba de Acceso á Universidade (PAU) que impulsa la Xunta busca asegurar unas condiciones más justas para el alumnado gallego de manera que se blinde la igualdad de oportunidades al tiempo que se busca ofrecer mayores garantías, transparencia y seguridad en la aplicación y desarrollo de las mismas. Así, apuntó, se busca “garantizar, a través de una mayor participación y de una mayor coordinación, que los alumnos y alumnas gallegas estén en igualdad de condiciones cuando menos que el resto de los alumnos que hacen la PAU en toda España”.
El Consello da Xunta analizó hoy el proyecto de acuerdo con medidas organizativas y de gestión para mejorar la organización y desarrollo de la prueba impulsado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, en el que se tiene en cuenta el contexto estructural marcado por el nuevo Real Decreto Estatal de 2024, así como el contexto coyuntural derivado de los fallos recientes constatados en la aplicación de las pruebas.
Rueda señaló que “hace tiempo que la Xunta de Galicia viene reclamando cambios en esta prueba” e hizo hincapié en que “los errores detectados, evidentes en las pruebas este mismo año, muestran que hay limitaciones en el modelo actual y que puede ser mejorable”.
Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, subrayó que la propuesta con la que se trabajó en el Consello da Xunta busca mejorar la PAU “desde el diálogo, desde la tranquilidad y desde la sensatez” e informó de que esta propuesta “de manera inmediata” se va a trasladar “para consensuarla con las diferentes universidades”. En su intervención, apostó por “trabajar conjuntamente por la igualdad de oportunidades de los jóvenes y de las jóvenes gallegas”.
Real Decreto de 2024
Tal y como apuntó Román Rodríguez, desde el punto de vista estructural, las medidas propuestas por el Gobierno gallego se acomodan al marco estatal establecido en el Real Decreto de 2024. Este habilita a la comunidad autónoma a revisar y adaptar la regulación autonómica de la PAU. El objetivo es asegurar una mayor coordinación entre la Administración Autonómica y las universidades, como ya hicieron otras comunidades de distinto signo político como Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha o Cantabria.
Así pues, la matriz del cambio es que Galicia se dote de un marco regulador más claro, estable y eficaz en el que el alumnado gallego pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de los estudiantes del Estado.
Cabe subrayar que los datos reflejan que los estudiantes gallegos obtienen resultados destacados en los diferentes índices estatales e internacionales, mientras que sus resultados en la PAU, derivados de una mayor dificultad de la prueba, no se corresponden con ese rendimiento. De ahí que el Gobierno gallego ya lleve tiempo trabajando en la implementación de medidas para una prueba más homogénea, que ahora se materializarán a través de este desarrollo normativo.
Mecanismos para evitar y atajar riesgos
Junto a este contexto estructural, cabe tener en cuenta también el contexto coyuntural. La experiencia de la convocatoria de este año, marcada por diversos errores en la elaboración de varios exámenes, evidenció ciertas limitaciones en el funcionamiento del modelo actual y una falta de sistema de trabajo definida y garantista que dé certezas y seguridad a los alumnos.
En este sentido, la norma incide en el refuerzo de los mecanismos para minimizar los errores y, en caso de que se produjeran, dotarse de un sistema para poder resolverlos o atajarlos de manera rápida y eficaz.
Así pues, la Xunta da un paso adelante para implicarse en una mayor corresponsabilidad con la PAU, a través de la toma de decisiones de manera colegiada junto con las tres universidades públicas gallegas.
Nueva estructura de coordinación institucional
La reforma contempla la creación de una nueva estructura de coordinación institucional integrada por una Comisión Organizadora y una Comisión Técnica, donde estarán representadas la Xunta de Galicia y las tres universidades públicas gallegas.
La Comisión Organizadora, siguiendo lo establecido en el real decreto estatal, será el órgano encargado de diseñar la gran arquitectura de la PAU. Centralizará, por tanto, todas las funciones estratégicas y será la encargada de establecer criterios comunes, supervisar el funcionamiento de los grupos de trabajo y garantizar la aplicación homogénea de la normativa. Estará adscrita a la Consellería de Educación y en ella estarán representados la Xunta y las tres universidades públicas gallegas.
Por su parte, la Comisión Técnica, que, a su vez, formará parte de la Comisión Organizadora, será el órgano que aglutinará el conjunto de tareas operativas y logísticas vinculadas a la organización y desarrollo de la prueba.
Así pues, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), a través de esta Comisión Técnica, seguirá desempeñando las funciones que venía asumiendo hasta ahora. Esto es, continuará siendo la responsable de la elaboración, custodia, distribución y corrección de las pruebas de acceso a la universidad en Galicia. De este modo, se mantiene la experiencia acumulada por la CIUG durante años y se suma la de la Administración en procesos similares, al tiempo que se integra en un marco más coordinado y estructurado que permita reforzar las garantías del sistema.
Más peso del profesorado de Bachillerato
Uno de los cambios centrales de la propuesta es la reforma del funcionamiento de los grupos de trabajo, responsables de la elaboración de los exámenes, que actualmente son muy heterogéneos en su funcionamiento y no existen criterios comunes que regulen de manera detallada los procesos de diseño, revisión y validación.
Para ello, en primer lugar, se simplificará la composición de estos grupos, que pasan a estar integrados por un máximo de dos personas docentes universitarias y hasta cuatro representantes del profesorado de Secundaria o de la Inspección Educativa. La dirección de estos grupos podrá recaer tanto en personal universitario como no universitario.
Así pues, los grupos de trabajo pasarán a contar con un mayor peso y una participación más activa del profesorado de Bachillerato, que cuenta con una experiencia más directa y conoce el currículo de Bachillerato y la realidad diaria de las aulas, reforzando así la conexión entre los contenidos impartidos y los ejercicios propuestos en las pruebas.
De este modo, se promueve la participación efectiva de todos los integrantes del grupo en el diseño, revisión y validación de las pruebas, y lo harán de una manera colaborativa y en base a unos criterios comunes y unas directrices previas.
Doble revisión de las pruebas
También se propone implantar un sistema de revisión por pares en la elaboración de los exámenes. Esto es, una doble revisión de las pruebas propuestas con el fin de incrementar la seguridad técnica de las mismas y evitar la aparición de errores, sin que esto implique ningún cambio en el modelo de examen al que se enfrentará el alumnado.
Así pues, cada ejercicio será supervisado inicialmente por la persona que lo redacta y por una segunda persona revisora. En el caso de detectarse posibles mejoras durante la elaboración, se abrirá un proceso de revisión cooperativa hasta alcanzar una versión validada por ambas partes. Posteriormente, el ejercicio será sometido a un análisis final por la dirección del grupo de trabajo. El objetivo de esta medida es incrementar la seguridad técnica de las pruebas y minimizar la aparición de errores, sin que esto implique ningún cambio en el modelo de examen al que se enfrentará el alumnado.
Bancos de ejercicios
Se incorpora también la posibilidad de crear bancos de ejercicios, un sistema verificado que se aplica ya en otros procesos selectivos de oposiciones o en el examen MIR. Este banco estaría formado por modelos de ejercicios o de exámenes completos verificados que se ponen a la disposición del grupo de trabajo para elaborar el examen de la prueba.
Esta herramienta contribuirá a mejorar la calidad técnica de las pruebas, reforzar la trazabilidad de los procesos, distribuir de forma más eficiente el trabajo de los grupos y avanzar hacia una mayor homogeneidad en la dificultad, extensión y tiempo de resolución de los exámenes.
