La Xunta ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Administración Local de Galicia, una norma que sustituirá a la legislación vigente desde 1997 y que introduce cambios en la financiación municipal, la administración digital, la inteligencia artificial, la participación ciudadana y la cooperación entre ayuntamientos. El nuevo modelo también contempla 20 millones de euros más de fondos incondicionados para los municipios.
El Consello da Xunta dio luz verde al proyecto el 5 de octubre, después de un proceso de participación pública en el que se analizaron alrededor de 500 alegaciones y aportaciones.
La nueva norma iniciará ahora su tramitación parlamentaria y pretende adaptar la Administración local gallega a los cambios demográficos, tecnológicos y sociales de las últimas décadas.
Los ayuntamientos tendrán más fondos de libre disposición
Uno de los puntos con mayor impacto económico es el nuevo modelo de participación de los municipios en los tributos de la comunidad autónoma a través del Fondo de Cooperación Local (FCL).
La propuesta contempla un incremento de 20 millones de euros en los fondos incondicionados, es decir, recursos que los ayuntamientos podrán utilizar libremente para financiar sus competencias y necesidades.
Según la Xunta, estos fondos supondrán cerca del 89 % del total del Fondo de Cooperación Local.
Además, se establece una cantidad mínima anual de 100.000 euros para cada municipio en concepto de costes fijos.
El reparto tendrá en cuenta factores como la población, el envejecimiento, la superficie, la dispersión territorial, el reto demográfico y el esfuerzo fiscal.
Una ley que sustituirá a la normativa de 1997
La actual Ley de Administración Local de Galicia lleva vigente desde hace casi tres décadas.
El nuevo proyecto pretende sustituirla por un marco adaptado a la realidad actual de los ayuntamientos gallegos.
Entre los objetivos planteados figuran:
- Clarificar qué competencias corresponden a cada administración.
- Simplificar trámites y burocracia.
- Impulsar la administración digital.
- Regular el uso de la inteligencia artificial.
- Reforzar la participación ciudadana.
- Mejorar la financiación de los ayuntamientos.
- Dar mayor apoyo a los municipios rurales y con problemas demográficos.
- Reforzar la cooperación entre administraciones.
- Facilitar la prestación conjunta de servicios entre municipios.
La inteligencia artificial llegará a la Administración local
Una de las novedades de la futura ley es la regulación de la utilización de la inteligencia artificial en la Administración local gallega.
El proyecto contempla su uso tanto en la tramitación administrativa como en determinados procesos de toma de decisiones, aunque siempre dentro del marco europeo y con supervisión humana.
También se regulan las reuniones de órganos colegiados mediante sesiones telemáticas y mixtas.
La Xunta pretende así adaptar los ayuntamientos a una administración cada vez más digital.
Más apoyo para los pequeños municipios y el rural
La nueva normativa incorpora por primera vez un tratamiento específico para los ayuntamientos que se encuentren en situación de reto demográfico.
La Xunta y las diputaciones podrán establecer medidas específicas de cooperación para garantizar que estos municipios puedan mantener la prestación de servicios públicos.
También se refuerza el papel de las diputaciones provinciales como administraciones de asistencia a los municipios, especialmente a los que tienen menor capacidad económica o afrontan problemas demográficos.
Otra novedad permitirá que varios ayuntamientos puedan compartir personal técnico, una fórmula pensada especialmente para municipios pequeños que no cuentan con recursos suficientes para disponer de determinados especialistas.
Los municipios podrán cooperar de nuevas formas
La futura ley mantiene el impulso a las fusiones voluntarias de municipios y refuerza el papel de las mancomunidades.
Pero también crea fórmulas de cooperación más flexibles.
Entre ellas aparecen las áreas funcionales temporales, mediante las que varios ayuntamientos podrán colaborar durante un periodo determinado para prestar servicios o desarrollar actuaciones concretas.
También se facilita que varios municipios compartan personal técnico para reducir costes y mejorar la prestación de servicios.
Vicealcaldías en los municipios de más de 30.000 habitantes
El proyecto introduce cambios en la organización de las administraciones locales.
Los municipios de más de 30.000 habitantes podrán crear la figura de la vicealcaldía.
La norma también incorpora la posibilidad de establecer la figura de la dirección pública profesional tanto en estos ayuntamientos como en las diputaciones.
Más participación de los ciudadanos
La nueva Ley de Administración Local también pretende reforzar el llamado gobierno abierto.
La Xunta plantea ampliar las herramientas de participación ciudadana, transparencia, integridad institucional y rendición de cuentas.
Los municipios podrán incorporar nuevas fórmulas para que los vecinos participen en las decisiones que afectan a sus localidades.
Además, se prevén mecanismos para que los ayuntamientos participen en la elaboración de determinadas prioridades presupuestarias de las diputaciones mediante consultas electrónicas no vinculantes.
¿Cuándo entrará en vigor?
La norma todavía no está en vigor.
El Consello da Xunta ha aprobado el proyecto y ahora comenzará su tramitación parlamentaria.
Por tanto, los cambios en la financiación, organización municipal, inteligencia artificial, participación ciudadana y cooperación entre ayuntamientos tendrán que superar todavía el correspondiente proceso legislativo antes de convertirse en norma.
Una reforma que afecta a toda Galicia
La futura Ley de Administración Local tendrá impacto sobre los ayuntamientos gallegos, desde las grandes ciudades hasta los municipios rurales y los concellos con menor población.
El objetivo declarado por la Xunta es adaptar la Administración local a una Galicia con nuevos retos demográficos, tecnológicos y económicos.
Uno de los cambios que más directamente puede afectar a las corporaciones municipales será el nuevo modelo de financiación, con 20 millones de euros adicionales en fondos incondicionados y un mínimo anual de 100.000 euros por municipio.
La propuesta inicia ahora su recorrido parlamentario.
