Los órganos judiciales abrieron juicio oral o dictaron autos de procesamiento contra 30 personas en seis procedimientos por corrupción entre abril y junio. En ese periodo se dictaron 19 sentencias, de las que 16 fueron total o parcialmente condenatorias, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Justicia española procesó a 30 personas físicas por presuntos delitos de corrupción durante el segundo trimestre de 2026. Así lo recoge el repositorio de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que contabilizó seis procedimientos en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento entre el 1 de abril y el 30 de junio.
En ese mismo periodo, los órganos judiciales españoles dictaron 19 sentencias relacionadas con procedimientos por corrupción. De ellas, 16 fueron condenatorias, lo que representa el 84,2 % del total, mientras que las tres restantes fueron absolutorias.
Los datos corresponden a la denominada corrupción pública, que comprende procedimientos relacionados con funcionarios, responsables públicos y políticos en el ejercicio de sus cargos, cuando concurre la afectación de dinero público en los términos contemplados por el repositorio judicial.
Andalucía concentra 21 de las 30 personas procesadas
La distribución territorial recogida por el CGPJ muestra diferencias entre las comunidades autónomas. Andalucía concentró 21 de las 30 personas procesadas en el segundo trimestre de 2026, repartidas en dos procedimientos.
Extremadura registró cuatro personas procesadas en un procedimiento, mientras que Madrid contabilizó tres personas en un procedimiento y Murcia, dos personas en dos procedimientos.
En el resto de comunidades autónomas, así como en los órganos centrales incluidos en la tabla, no constan personas procesadas en este indicador durante el periodo analizado. En Galicia, el repositorio no registra personas procesadas ni procedimientos por corrupción en este apartado entre abril y junio.
Estos datos se refieren exclusivamente a los procedimientos incluidos en el repositorio y al periodo analizado. No permiten concluir, por sí solos, que no existan otras investigaciones o causas judiciales en distintas fases.
El 84,2 % de las sentencias fueron condenatorias
Entre abril y junio de 2026 se dictaron 19 sentencias por delitos de corrupción en España. El balance del CGPJ recoge 16 fallos condenatorios, total o parcialmente, y tres absolutorios.
La tabla de sentencias distingue entre condenas con conformidad, condenas sin conformidad, resoluciones parcialmente condenatorias y absoluciones. El desglose general refleja siete condenas con conformidad, ocho sin conformidad, una parcialmente condenatoria y tres sentencias absolutorias.
La proporción de fallos condenatorios fue del 84,2 %, un indicador que describe el resultado de las sentencias dictadas en ese trimestre, pero que no debe confundirse con el porcentaje de personas procesadas que terminan siendo condenadas, ya que ambas estadísticas tienen unidades de recuento diferentes.
¿Qué delitos incluye el repositorio de corrupción del CGPJ?
El repositorio del Consejo General del Poder Judicial recoge procedimientos relacionados con distintas figuras delictivas contempladas en el Código Penal. Entre ellas se encuentran la prevaricación administrativa y urbanística, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, los fraudes y las exacciones ilegales.
También incluye determinados delitos relacionados con la custodia de documentos, la violación de secretos, las actividades prohibidas a los funcionarios públicos y la corrupción en los negocios.
La herramienta, disponible públicamente en la web del Poder Judicial, permite consultar de forma trimestral indicadores sobre personas procesadas, procedimientos y sentencias. Su objetivo es facilitar el acceso ciudadano a información sobre la actuación de la Justicia en la lucha contra la corrupción.
Los datos publicados permiten conocer la evolución de los procedimientos incluidos en esta estadística, aunque deben interpretarse teniendo en cuenta su alcance y la fase procesal a la que corresponde cada indicador.
