El Consejo General de Administradores de Fincas plantea cinco medidas para facilitar el acceso a la vivienda en España. Entre ellas figuran modificar la Ley de Propiedad Horizontal, crear nuevas viviendas en edificios existentes, movilizar pisos vacíos y agilizar los cambios de uso de locales comerciales.
El acceso a la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), al que pertenece el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA), ha presentado a los grupos políticos un documento con cinco grandes líneas de actuación para aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a pisos y casas.
La propuesta, presentada desde A Coruña el 16 de noviembre, pretende que la vivienda ocupe un lugar prioritario en la agenda política de la próxima legislatura, con motivo de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
La organización considera que la crisis residencial requiere una política de Estado estable y coordinada entre las distintas administraciones. A su juicio, no basta con regular el mercado, sino que resulta necesario incrementar el número de viviendas disponibles, mejorar la seguridad jurídica y aprovechar el parque inmobiliario existente.
1. Dividir pisos grandes para crear nuevas viviendas
Una de las propuestas más destacadas consiste en facilitar la división de viviendas de grandes dimensiones para convertirlas en varios inmuebles independientes.
El CGCAFE plantea también simplificar las segregaciones y permitir la creación de nuevas viviendas mediante ampliaciones o la construcción de nuevas plantas en edificios ya existentes.
Estas operaciones estarían condicionadas al cumplimiento de los requisitos técnicos y urbanísticos y contarían con las correspondientes garantías jurídicas.
La entidad considera que la actual Ley de Propiedad Horizontal (LPH) debe adaptarse a las nuevas necesidades residenciales y evitar que los procedimientos administrativos, notariales y registrales se conviertan en un obstáculo innecesario.
2. Convertir locales comerciales en viviendas
Otra de las medidas pasa por facilitar el cambio de uso de locales comerciales que hayan perdido su actividad o interés comercial para transformarlos en viviendas.
La propuesta contempla que estos cambios puedan realizarse siempre que exista compatibilidad urbanística y se cumplan las condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y los requisitos técnicos exigibles.
El objetivo es aprovechar espacios que actualmente no tienen actividad comercial y que podrían incorporarse al mercado residencial.
Para ello, los administradores de fincas reclaman revisar los requisitos administrativos y técnicos que, sin aportar una protección adicional efectiva, dificultan estas transformaciones.
3. Movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler
El Consejo General también quiere recuperar para el mercado del alquiler habitual una parte de las viviendas que permanecen desocupadas.
Para conseguirlo propone establecer incentivos fiscales, garantías públicas frente a los impagos, seguros para cubrir posibles daños y ayudas destinadas a rehabilitar inmuebles que no reúnen las condiciones necesarias para ser habitados.
También plantea impulsar programas públicos de intermediación que faciliten la incorporación voluntaria de estas viviendas al mercado.
La organización considera que estas medidas permitirían aumentar la oferta de alquiler en menos tiempo que el necesario para construir nuevas promociones.
4. Recuperar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler
El documento reclama un marco normativo estable y previsible que aporte garantías tanto a propietarios como a inquilinos.
En particular, el CGCAFE considera necesario disponer de procedimientos judiciales eficaces para recuperar una vivienda en plazos razonables cuando se produzcan impagos, finalicen los contratos o existan incumplimientos graves de las condiciones pactadas.
Al mismo tiempo, defiende que las administraciones públicas deben asumir la protección residencial de las personas y familias vulnerables mediante políticas sociales y alternativas habitacionales adecuadas.
La entidad sostiene que proteger a los inquilinos y garantizar los derechos de los propietarios son objetivos compatibles.
5. Un Pacto de Estado por la Vivienda y menos burocracia
La quinta línea de actuación apuesta por un Pacto de Estado por la Vivienda que permita desarrollar una estrategia a largo plazo, independientemente de los cambios políticos.
Entre las medidas propuestas figura la creación de un ente público promotor de vivienda y gestor estratégico del suelo, encargado de coordinar la movilización de terrenos públicos y privados y facilitar promociones de vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada.
También reclama simplificar el planeamiento urbanístico y reducir los plazos para conceder licencias de construcción y rehabilitación.
El Consejo General considera igualmente necesario impulsar la vivienda protegida, establecer precios tasados y revisar los procedimientos que dificultan la construcción, la rehabilitación y la transformación de edificios existentes.
Cambios en la Ley de Propiedad Horizontal
Además de facilitar la creación de nuevas viviendas, los administradores de fincas proponen revisar el régimen de mayorías necesario para adoptar acuerdos en las comunidades de propietarios.
La intención es agilizar decisiones relacionadas con la rehabilitación, la accesibilidad, la eficiencia energética y la modernización de las instalaciones comunes.
Desde el CGCAFE consideran que los profesionales de la administración de fincas conocen directamente los problemas de los edificios y las comunidades de propietarios, por lo que su experiencia debería tenerse en cuenta en el diseño de las políticas públicas de vivienda.
La organización concluye que España necesita una estrategia que combine construcción de nuevas viviendas, recuperación de inmuebles vacíos, rehabilitación y cambios normativos que permitan aprovechar mejor los edificios existentes.










