Una supuesta deuda de apenas 20 euros está en el origen de un caso de presunta detención ilegal y graves agresiones que llegará a la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela. La Fiscalía solicita 12 años de prisión para el principal acusado y cuatro años para cada uno de los otros dos procesados por unos hechos que, según el escrito de acusación, se prolongaron durante una semana.
Los hechos se remontan al 6 de enero de 2026. Según la versión del Ministerio Público, la víctima acudió a una vivienda de Santiago para consumir sustancias estupefacientes con los tres hombres. Durante el encuentro, uno de ellos le reclamó el pago de una supuesta deuda de 20 euros y le advirtió de que no podría marcharse hasta saldarla.
Atado de pies y manos y amenazado con enterrarlo
De acuerdo con la acusación fiscal, el principal procesado comenzó a golpear a la víctima y la inmovilizó con cinta adhesiva. También le habría cubierto parte del rostro, incluidos la nariz y la boca, dificultándole la respiración.
La Fiscalía sostiene que, con la colaboración de los otros dos acusados, el hombre fue introducido en una bolsa de tela de grandes dimensiones con cierre de cremallera. Durante ese episodio, presuntamente recibió nuevas patadas y fue amenazado con ser enterrado.
Después, el principal acusado habría sustituido la cinta adhesiva por bridas de plástico y mantenido a la víctima encerrada en el salón de la vivienda. La Policía Nacional la liberó el 13 de enero, una semana después del inicio de los hechos.
¿Qué penas solicita la Fiscalía?
El Ministerio Público considera que los hechos podrían constituir delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y de lesiones con deformidad.
Por estos presuntos delitos, solicita una pena de 12 años de prisión para el principal acusado. Para los otros dos procesados, a los que atribuye una cooperación necesaria, reclama cuatro años de cárcel para cada uno.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, tiene prevista una audiencia preliminar para el miércoles 21 de octubre de 2026.
Las penas solicitadas corresponden a la acusación de la Fiscalía y no constituyen una condena. La responsabilidad penal de los procesados deberá determinarse en el procedimiento judicial.
