El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación
de 19 plazas de jueces y 7 de fiscales en Galicia, con lo que la plantilla judicial
crece un histórico 5,2% y la fiscal un 4,5%. Se trata de la mayor creación de
plazas judiciales en un solo año de la historia en esta comunidad. De hecho, se
crean casi tantas plazas como en la última década (en ese tiempo se crearon 21
en total).
En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales. A través de
un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la
última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%).
Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa
la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita: en los últimos 15 años
nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo
ha calificado de hito histórico y ha recordado que nunca un Gobierno había
aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, nunca
se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia
y nunca se habían destinado tantos recursos para su modernización.
La creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca en la ambiciosa
transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia,
Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales,
organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las
herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.
La planta judicial de Galicia se amplía un 5,2%
De las 19 nuevas plazas para Galicia, 13 son para tribunales de instancia (TI), 4
para las audiencias provinciales de Pontevedra, Vigo y A Coruña y dos son de
adscripción territorial, movibles en función de las cargas de trabajo. Entre los TI
que se verán reforzados están los de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela,
Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.
Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para
tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias
Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo
(7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial,
destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas
de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. En total,
la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%. Por órdenes
jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.
Cabe recordar que esta ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del
Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un
único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia,
a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de
apoyo técnico.
El nuevo modelo, más eficiente, permite crear una plaza judicial por 100.000 €,
lejos de los 500.000 € que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500
plazas supone una inversión de alrededor de 55 M€. Con el modelo anterior
hubiese sido de 260 M€.
La plantilla del Ministerio Fiscal en Galicia crece un 4,5%
La creación de 7 plazas de fiscales en Galicia supone una ampliación de la
planta fiscal del 4,5% en esta comunidad. En toda España, se crean 200 plazas,
que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales
y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es
el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata
de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan
ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la
Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de
la Unidad de Protección de Datos.
La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado
atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y
teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del
Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia
transferida y los tribunales superiores de justicia
