Se trata de una reforma estructural que amplía las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, y que implica duplicar las cuantías de las personas que requieren más apoyos
Este aumento de la financiación, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, quedará blindado por ley y supondrá que la aportación del Estado a la dependencia alcance un total de 7.239,4 millones de euros en 2027, el doble que la que hubo en 2025
A partir del 1 de julio, los gobiernos de las CCAA recibirán una mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio
Además, con este real decreto-ley, el gobierno de coalición culmina su compromiso político de garantizar que la aportación del Estado al SAAD alcance en 2027 el 50% del gasto total de la dependencia, que se financia junto a lo que aporta cada gobierno autonómico
Así mismo, este plan de expansión permitirá a los gobiernos de las CCAA poner en marcha los cambios estructurales que establecerá la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, y consolida el mandato del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española para garantizar derechos e inclusión a las personas con discapacidad
