El Parlamento gallego aprueba dos iniciativas para exigir una exención del 100 % de las cuotas a la Seguridad Social para las mariscadoras afectadas por paradas forzosas y ayudas compensatorias para las cofradías que asumen tareas administrativas del Estado.
El Parlamento de Galicia ha reclamado al Gobierno central nuevas medidas de apoyo para el sector marisquero y las cofradías de pescadores, dos ámbitos fundamentales para la economía de las localidades costeras gallegas. Las iniciativas, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, fueron aprobadas el 22 de octubre de 2026 y ponen el foco en las dificultades económicas de las profesionales del marisqueo y en la carga administrativa que soportan las entidades pesqueras.
Las propuestas reclaman una exención extraordinaria del 100 % de las cuotas a la Seguridad Social para las mariscadoras afectadas por paradas forzosas sin protección por cese de actividad, así como una línea específica de ayudas compensatorias para las cofradías que realizan gestiones administrativas vinculadas a competencias estatales.
Las mariscadoras piden no pagar cuotas durante las paradas forzosas
La primera iniciativa, defendida por la diputada popular Nazareth Cendán, reclama una solución para las mariscadoras que se ven obligadas a interrumpir su actividad por causas ajenas a su voluntad, como los temporales o la mortalidad de los moluscos.
Según la propuesta, estas profesionales pueden encontrarse sin ingresos mientras continúan abonando íntegramente sus cuotas a la Seguridad Social. Una situación que, según los promotores de la iniciativa, agrava la vulnerabilidad económica de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres.
La iniciativa, aprobada por unanimidad, insta a la Xunta a exigir al Instituto Social de la Marina una exención extraordinaria del 100 % de las cuotas para las mariscadoras afectadas que no estén protegidas por el cese de actividad.
La medida planteada también contempla mantener el alta en el Régimen Especial del Mar y reconocer retroactivamente los periodos afectados como cotizados.
Durante la defensa de la propuesta, Cendán criticó los retrasos en la tramitación parlamentaria de la normativa relacionada con esta exención y reclamó al Ejecutivo estatal que adopte medidas para proteger a las profesionales que no pueden trabajar por circunstancias extraordinarias.
Las 63 cofradías gallegas reclaman ayudas por la carga administrativa
La segunda iniciativa, defendida por la diputada Dolores Hermelo, se centra en las condiciones de funcionamiento de las 63 cofradías de pescadores de Galicia, que, según los datos aportados por el grupo proponente, representan el 28 % del total estatal.
La propuesta advierte de que la falta de personal en las Capitanías Marítimas y la implantación de procedimientos electrónicos están trasladando nuevas tareas administrativas a estas entidades pesqueras.
Entre las gestiones señaladas figuran los contratos, los enrolamientos y distintos trámites digitales relacionados con la actividad marítima. Según Hermelo, las cofradías están asumiendo un mayor volumen de trabajo y responsabilidad sin disponer de recursos adicionales para cubrir esas funciones.
Por ello, la iniciativa reclama que la Xunta solicite al Gobierno central una línea específica de ayudas económicas para las cofradías y sus federaciones, con el objetivo de compensar las tareas que complementan la actividad de la Administración estatal.
La propuesta salió adelante sin votos en contra, según la información facilitada por el Grupo Parlamentario Popular.
Dos demandas con impacto en el futuro del sector pesquero gallego
Las dos iniciativas abordan problemas diferentes, pero comparten una misma preocupación: garantizar la viabilidad económica de las actividades vinculadas al mar en Galicia.
Por un lado, las mariscadoras reclaman protección ante las pérdidas de ingresos provocadas por las paradas forzosas. Por otro, las cofradías solicitan recursos para afrontar unas obligaciones administrativas que, según la propuesta aprobada, han aumentado sin una compensación económica suficiente.
Las medidas deberán traducirse en actuaciones concretas del Gobierno central para que las demandas planteadas en el Parlamento gallego puedan materializarse.
El debate afecta especialmente a las comunidades costeras, donde el marisqueo y la pesca mantienen actividad económica, empleo y servicios esenciales para numerosas familias.
