Acceder a la educación. Entender lo que te dicen en una consulta médica. Poder trabajar, participar o disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones. Para muchas personas sordas, ‘lo cotidiano’ solo es posible cuando hay servicios accesibles que lo garanticen.
En España hay más de 1.200.000 de personas sordas cuyo acceso real a derechos fundamentales sigue encontrando barreras en ámbitos clave como la educación, el empleo, la sanidad, la comunicación o la información. ‘La accesibilidad sigue marcando la diferencia entre tener derechos o poder ejercerlos”, ha manifestado Roberto Suárez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).
Desigualdad que exige respuestas
Desde 1936, la entidad trabaja para cambiar esta realidad no solo desde la incidencia social y política, sino creando servicios pioneros allí donde no existían, diseñados desde la experiencia y las necesidades reales de las personas sordas. Y es que tal y como apuntan, los datos reflejan una desigualdad estructural que exige respuestas urgentes. En materia académica, por ejemplo, muchos estudiantes sordos no alcanzan niveles educativos comparables al resto por falta de recursos, de intérpretes y de modelos docentes efectivos como los especialistas en lengua de signos. “Estas carencias formativas pueden traducirse en mayores tasas de desempleo y precariedad laboral, no por falta de talento, sino por entornos que no están preparados para incluir”.
Otra barrera persistente en empresas y administraciones públicas es el desconocimiento sobre las capacidades de las personas sordas y la ausencia de ajustes razonables según ha afirmado Suárez: “Ser una persona sorda no debería implicar más obstáculos ni más esfuerzo”.
90 años de primeras veces
Tras nueve décadas, la CNSE se ha consolidado como un referente social, técnico y político en accesibilidad e innovación situando siempre a las personas sordas en el centro. Y no hablando por ellas, como matizan, sino asegurando que puedan elegir y liderar su propio futuro.
A ello contribuyen iniciativas como SVIsual, el primer sistema estatal de videointerpretación en lengua de signos; ALBA, primera plataforma especializada para mujeres sordas víctimas de violencia; el servicio de videoasistencia y acompañamiento vidAsor, que garantiza a las personas mayores sordas un envejecimiento autónomo, digno y sin aislamiento; la Red Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas con una formación rigurosa impartida por personas sordas nativas y reconocida en todo el Estado; o la Red Emplea, que conecta talento sordo, empresas y derechos para impulsar un empleo digno y sin barreras.
“Cada uno de estos avances comenzó con una primera vez”, ha explicado el presidente de la Confederación. “Hoy, todos ellos abren oportunidades reales de igualdad y forman parte de lo que entendemos como derechos”.
Un país accesible no se imagina, se construye
Garantizar mayor presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos, promover la participación de las personas sordas en espacios de decisión, y codiseñar las políticas públicas que afectan a su comunidad son algunas de las reivindicaciones que la entidad pone sobre la mesa: “Hacemos un llamamiento a que se nos vea como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Como personas capaces, con aportaciones valiosas. Como una minoría lingüística y cultural con un patrimonio que enriquece a la sociedad”.
Tras 90 años de historia, la CNSE sigue demostrando que un país accesible no se imagina: se construye iniciativa a iniciativa, derecho a derecho. Porque tal y como aseguran, la inclusión no es solo una cuestión de justicia, sino como ha apuntado Roberto Suárez, una forma inteligente de gestionar mejor y llegar más lejos: “Es una oportunidad que nos beneficia a todas y todos”.
