VOX denuncia penalmente a la alcaldesa de Santiago y a la subdelegada del Gobierno por el boicot a su acto político

Santiago de Compostela, 29 de septiembre de 2026. La formación política VOX ha interpuesto una denuncia penal en los Juzgados de Instancia de Santiago de Compostela contra la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín (BNG), y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela. Les acusa de presunta complicidad y omisión por los altercados ocurridos el pasado 21 de septiembre en el Centro Sociocultural de Santa Marta, donde se impidió la celebración de un acto político autorizado.

Aquel día, el partido tenía programado el inicio del curso político con la participación del eurodiputado Jorge Buxadé, la vicesecretaria nacional de Organización, María Ruiz, y los cuatro presidentes provinciales de la formación en Galicia. Sin embargo, grupos de la izquierda radical e independentista —convocados por colectivos como CNT Galiza, Galiza Nova, Erguer o Ceivar— ocuparon la instalación municipal y bloquearon los accesos, lo que desencadenó momentos de tensión y la intervención de la Policía Nacional.

Omisión del deber y delitos imputados

En el escrito judicial, VOX sostiene que tanto la regidora como la subdelegada conocían con antelación las convocatorias de protesta y la posterior ocupación. La formación subraya que se incurrió en una «omisión deliberada» para restablecer el orden y garantizar el derecho fundamental de reunión. Asimismo, destacan que entre los colectivos convocantes figuraba Galiza Nova, la organización juvenil del BNG.

La denuncia atribuye a los implicados y a los organizadores del boicot la presunta comisión de varios delitos:

• Delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 514.4 CP) y coacciones agravadas (art. 172.1 CP).

• Delito de odio (art. 510.1.a CP) con la agravante de discriminación ideológica.

• Desórdenes públicos (art. 557.1 CP).

• Comisión por omisión (art. 11 CP) y omisión del deber de perseguir delitos (art. 408 CP).

  

La formación exige que la Justicia depure responsabilidades penales tanto de las autoridades institucionales como de las personas físicas y jurídicas que promovieron e impulsaron la protesta en el espacio público municipal.