VOX presenta una querella contra Pedro Blanco tras la protesta contra Buxadé en Ferrol

La formación denuncia al delegado del Gobierno en Galicia y a responsables de la Delegación y Subdelegación de A Coruña por la actuación ante la concentración convocada durante su acto en el Cantón de Molíns. La protesta reunió a unas 200 personas y terminó sin incidentes.

La querella de VOX en Ferrol contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, abre un nuevo frente judicial y político tras la protesta celebrada el pasado sábado 31 de octubre durante la visita de Jorge Buxadé a la ciudad naval.

La formación de Santiago Abascal ha presentado una acción judicial ante el Tribunal de Instancia de Ferrol contra Pedro Blanco y responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. VOX considera que no se adoptaron las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de su acto electoral en el Cantón de Molíns, donde su dirigente participó en una mesa informativa y atendió a los medios de comunicación.

La querella llega después de que el partido denunciase situaciones similares en otras localidades y cuestionase la actuación de las autoridades ante las concentraciones convocadas contra sus actos.

Qué ocurrió durante el acto de VOX en Ferrol

La visita de Jorge Buxadé a Ferrol coincidió con una concentración de rechazo a la presencia de VOX en la ciudad.

Alrededor de 200 personas se reunieron en las inmediaciones del Cantón de Molíns desde aproximadamente media hora antes del acto. Los participantes corearon consignas contra la formación política y mostraron su oposición a la presencia del dirigente europeo.

La concentración se desarrolló bajo vigilancia policial. La Policía Nacional, con apoyo de la Policía Local, estableció un dispositivo de seguridad y un cordón para mantener separados a los manifestantes y a los asistentes al acto.

Buxadé pudo comparecer ante los medios y participar en la mesa informativa de su partido. La protesta terminó sin enfrentamientos ni incidentes, según las informaciones publicadas sobre el desarrollo de la jornada.

Sin embargo, VOX considera que la coincidencia de ambas convocatorias y las condiciones en las que tuvo lugar su acto justifican la presentación de una querella.

Pedro Blanco, en el centro de la querella de VOX

La formación sostiene que comunicó su acto electoral en tiempo y forma y que solicitó expresamente protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según la versión de VOX, la Delegación del Gobierno conocía la convocatoria de la concentración contraria a su presencia y no adoptó medidas suficientes para evitar que ambas actividades coincidieran en el mismo espacio.

El partido cuestiona que no se modificase el lugar o el horario de la contramanifestación y considera que las autoridades tenían instrumentos legales para ordenar las convocatorias.

Estas afirmaciones forman parte de los argumentos de la formación en su acción judicial y no constituyen hechos declarados probados por un tribunal.

Qué delitos atribuye VOX en su querella

La acción judicial recoge distintas imputaciones que deberán ser examinadas, en su caso, por los órganos judiciales competentes.

Respecto al delegado del Gobierno y los responsables de la Administración señalados, VOX menciona posibles delitos relacionados con:

• Delito electoral, conforme a los artículos 139.7 y 147 de la LOREG.

• Delito contra los derechos cívicos, recogido en el artículo 542 del Código Penal.

• Prevaricación administrativa, contemplada en el artículo 404 del Código Penal.

En relación con los promotores de la concentración, la formación atribuye posibles delitos de odio y contra el derecho de reunión, además de las eventuales lesiones y daños que pudieran acreditarse.

VOX también solicita que se examine la posible responsabilidad de las asociaciones convocantes, entre ellas Galiza Nova.

Todas estas referencias son imputaciones formuladas por el partido. La presentación de una querella no implica que los delitos denunciados estén acreditados ni que exista una condena.

VOX extiende el conflicto a otras ciudades españolas

El partido sostiene que lo ocurrido en Ferrol no es un episodio aislado.

En su argumentación menciona situaciones registradas en A Coruña, Mahón, Avilés y Zamora, donde denuncia dificultades para desarrollar sus actos políticos ante la convocatoria de concentraciones contrarias.

En Galicia, el enfrentamiento judicial ya había tenido un capítulo anterior en A Coruña, relacionado con la contramanifestación convocada durante el acto de VOX en la plaza de María Pita el pasado 22 de octubre.

La formación sostiene que recurrirá a los tribunales cuando considere que se vulnera su derecho a celebrar actos públicos y electorales.

Buxadé responsabiliza al Gobierno de Sánchez

Durante su visita a Ferrol, Jorge Buxadé dirigió sus críticas al Gobierno central, al presidente Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El dirigente europeo de VOX defendió que los partidos políticos deben poder desarrollar sus actos públicos con normalidad y afirmó: «Esto no sucede en ninguna democracia europea moderna. Es inadmisible».

Buxadé también anunció que su formación continuaría ampliando las acciones judiciales relacionadas con las protestas contra sus convocatorias en Galicia.

Ferrol vuelve al centro del debate político gallego

La visita de Buxadé y la posterior querella sitúan de nuevo a Ferrol en el centro de una controversia política que trasciende el ámbito local.

El caso plantea un debate sobre la convivencia entre el derecho de reunión y manifestación de quienes protestan contra un partido y el derecho de las formaciones políticas a desarrollar sus actividades públicas sin impedimentos.

La cuestión judicial será determinar si existió alguna actuación administrativa contraria a la legalidad o si se produjo alguna vulneración de los derechos que VOX considera afectados.

Por ahora, lo ocurrido en el Cantón de Molíns dejó una concentración de alrededor de 200 personas, un amplio dispositivo policial y un acto político que pudo desarrollarse sin que se registrasen enfrentamientos.

La presentación de la querella abre ahora una nueva fase en el conflicto entre VOX y los responsables de la Administración General del Estado en Galicia.